Pese a la abundante evidencia empírica, quizá sea difícil explicar lo que la inmigración aporta a la economía (entre otras cosas). De lo contrario, el Observatorio del Racismo y la Xenofobia del Ministerio de Inclusión no habría detectado solo en abril 39.559 mensajes de odio en redes sociales, casi uno por minuto. La cifra es inusual —aumentan un 12% los bulos contra migrantes— y podría estar vinculada, según los datos, al debate generado en torno al proceso administrativo extraordinario puesto en marcha en España con el que el Gobierno pretende regularizar, hasta el próximo 30 de junio, a medio millón de personas.
Los ciclos de inmigración en los últimos 20 años han tenido un impacto positivo en la expansión del PIB, según cifra un informe de 2025 del Consejo Económico y Social. Recogiendo datos del BCE, sobre los inmigrantes descansa casi el 80% del incremento del PIB entre 2019 y 2024, debido al aumento de la población en edad de trabajar y a la tasa de empleo de los extranjeros. Pero también se ha creado una enorme bolsa de ciudadanos en situación administrativa irregular —Funcas los cifra en 840.000—. Según el INE, entre 2022 y 2024 entraron en España cada año entre 600.000 y 700.000 personas. Eso significa añadir el equivalente a una población casi como la de Sevilla cada 12 meses. Los nacidos en el extranjero alcanzan los 9,46 millones, el 19,2% de la población con datos del censo, lo que ha dado un fuerte impulso a la economía, que sigue creciendo (un 2,7%, según los datos del primer trimestre) gracias, en buena parte, a esa fuerza laboral importada.
Frente a las restricciones que encuentran en otros países en un momento de zozobra geopolítica, los inmigrantes llegan a España atraídos por mejores oportunidades vitales y una economía que necesita mano de obra para cubrir las 156.000 vacantes de empleo que no encuentran candidatos. Pero esta política de puertas abiertas está generando un debate intenso entre los que la defienden como la única alternativa a un crecimiento estable frente al envejecimiento y los que la atacan aludiendo a que desestabiliza el sistema social añadiendo presión sobre los servicios asistenciales, que pese a cifras récord de recaudación fiscal no parecen avanzar a la par de la población.
Quizá el primer problema de la política migratoria sea… la política migratoria, como deja caer desde la Universidad de Comillas Yoan Molinero, investigador y profesor del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones. “La migración y la irregularidad son realidades sociales que existen por cuestiones morales o cálculos electorales de los partidos que deciden no regularizarla o hacerlo de forma esquizofrénica”. Se crea un problema (en este caso, bolsas de irregulares) y se busca una solución, a veces improvisada. Para solicitar el arraigo, que concede la regularización, en un proceso normal uno tiene que demostrar que ha estado al menos dos años residiendo en España (sin tener antecedentes penales), lo que implícitamente lleva a asumir la irregularidad de partida. Y a partir de ahí, esperar al trámite administrativo. Una situación agotadora para los que se sienten dentro de la rueda. “Sabiendo que va a venir gente, sería mucho más eficiente permitir que busquen trabajo en vez de tener que someterse a la explotación”, añade Molinero. Para Gonzalo Fanjul, experto en pobreza y desarrollo, el español es un sistema “patológicamente cauto, que introduce obstáculos en mercado” porque, en su opinión, “la política migratoria tiene muy poco que ver con racionalidad y cabeza fría. Se rige por consideraciones muy emocionales, coyunturales”.
La solución de poner el contador a cero no es algo nuevo ni exclusivo de aquí, como recuerda Ana Damas, economista de la división de migraciones internacionales de la OCDE. “Italia, Portugal, Francia o Chile han recurrido a regularizaciones extraordinarias. Incluso sin acudir a ellas, todos los países de la OCDE cuentan con mecanismos para regularizar la situación de los extranjeros”. En el año 2000, siendo presidente el popular José María Aznar, se llevó a cabo un proceso similar que se saldó con 264.000 autorizaciones de residencia y trabajo. Un año después, su Gobierno otorgó otros 239.000 permisos por arraigo. El último proceso extraordinario, impulsado en 2005 durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, se saldó con 576.506 concesiones. ¿Qué impacto tuvieron? Estudios posteriores, como el firmado por Ferrán Elías, Joan Monras y Javier Vázquez en 2005, demuestran que el empleo formal de los inmigrantes aumentó, mientras que el de los nativos no se vio afectado. Sin embargo, se produjo una disminución del empleo sumergido, tanto de trabajadores poco cualificados nativos como inmigrantes. Además, cada persona aportó una media de 4.000 euros a los ingresos fiscales sin que se observara un aumento del gasto público.
En esta nueva regularización exprés algunas cosas han cambiado (como los requisitos para el acceso), pero la práctica totalidad de los expertos consultados coinciden en que ayudará a aflorar la economía sumergida y tendrá un efecto positivo en la afiliación y las cotizaciones a la Seguridad Social, los precios y el PIB. Aunque con algunos matices. Pablo Pumares, de la Universidad de Almería, señala que la consecuencia más directa será la del afloramiento de trabajo sumergido “que se va a convertir en trabajo formal, con todo lo que ello significa de mejoras salariales, derechos y cotizaciones”. Sobre el empleo de los autóctonos, “en una situación de bonanza económica no debe tener impacto negativo en general”.
Las estimaciones de BBVA Research apuntan que el efecto sobre la actividad será moderado (alrededor de 0,5 puntos en PIB e inflación, distribuido durante los próximos trimestres), “sin poderse descartar que incluso no lo haya”, explican en el servicio de estudios del banco, porque muchas de las personas que se regularizan ya están trabajando, viviendo y consumiendo en el país. “Eso sí, la transición hacia empleos en el sector formal supondrá una mejora de la recaudación tributaria”, añaden, aunque no a través del IVA, cuyo efecto ya está descontado. La investigadora de la OCDE avisa también de otro fenómeno: el crecimiento del PIB “no se traduce automáticamente en un aumento de los ingresos reales de los hogares”. En algunos casos, el crecimiento macroeconómico tarda en reflejarse. “Además, existen efectos distributivos. Las ganancias económicas no siempre se distribuyen de manera uniforme entre la población”.
¿Robo de empleos?
Es falso que los inmigrantes vengan a “robar” empleos. La economía es un sistema flexible que tiende a agrandarse y a generar más actividad (y más empleos) a medida que se dinamiza. Entre 1998 y 2007, por ejemplo, España recibió 3,8 millones de inmigrantes y la tasa de empleo aumentó en 17 puntos. Algo parecido ocurre ahora: solo en el último año, el empleo de extranjeros ha crecido en 289.000 puestos y ya hay 3,36 millones de afiliados, el 15% del total. Siete de cada diez nuevos afiliados son extranjeros, según Funcas.
Pero sí es cierto que se pueden producir situaciones peculiares en segmentos laborales concretos, como señala Ismael Gálvez, profesor de la Universidad de las Islas Baleares, ya que algunos estudios encuentran que el grupo que más se ve afectado con este tipo de regularizaciones son los propios extranjeros del país, que ya trabajan en sectores de baja cualificación y pueden entrar en mayor competencia con inmigrantes que tienen su mismo conjunto de habilidades.
Carmen González, investigadora principal del Real Instituto Elcano, apunta a otro efecto chocante inmediato que se detectó tras cruzar datos en la regularización de 2005: “Disminuyó el empleo inmigrante. Algunos de los inmigrantes que detectaba la EPA [trabajando en la economía sumergida] eran rentables para sus empresarios porque no cotizaban. En el momento en que pasaban a ser legales, muchos perdieron el empleo”. Esta vez, aclara, eso no va a pasar porque se ha eliminado la exigencia de estar empleado. Pero González critica que no haya una política migratoria capaz de gestionar las llegadas “de acuerdo con las capacidades de los servicios públicos, la vivienda, el mercado de trabajo”, y lamenta que el país no sea capaz de aumentar la productividad, el talón de Aquiles, ya que los extranjeros suelen venir a reforzar los sectores que más descansan en la mano de obra.
El subdirector del Centre d’Estudis Demogràfics de la Universidad Autónoma de Barcelona, Andreu Domingo i Valls, es escéptico con la política de tabula rasa: “Si no se actúa sobre trabajo informal se va a acumular otra vez”, y menciona el trabajo doméstico, a menudo ejercido por mujeres. “Si las primeras migraciones a principios de este siglo abundaron en la desregularización del mercado de trabajo, usando como conejos de indias a los trabajadores extranjeros y luego afectando a toda la economía, eso pasará ahora con las plataformas. Muchas trabajadoras domésticas conseguirán contratos en plataformas al precio de la sobreexplotación. Eso me preocupa. Se necesitan más inspectores de trabajo”.
Otro punto importante del debate tiene que ver con las costuras del Estado de bienestar y con fallos en el ascensor social de las personas inmigrantes. En uno de los cientos de vídeos que circulan por redes, varias personas se cuelgan de la catenaria de un tren en la estación de Atocha como si no hubiera sitio en los vagones: “Bienvenidos a la nueva España progresista”, dice el texto. Obviamente es falso (la escena se produjo en India, no en Madrid), como también son falsas las imágenes de barcos llenos de personas que solo piensan en poner un pie en el país para solicitar el ingreso mínimo vital o el derecho a voto. Eso no quita, denuncia el CES, que no sea necesario afrontar reformas para superar las carencias y evitar la segregación social. Ni los servicios sociales ni las entidades sin ánimo de lucro han visto aumentar sus recursos en la medida en que lo ha hecho la población a la que atienden.
Mientras, el discurso del odio parece más presente que nunca. “Bienvenidos a la España al revés. La España donde incumplir las leyes de entrada tiene recompensa, donde el español trabaja para el que acaba de llegar y donde millones de españoles se sienten extraños en sus propios barrios”, afirmó en el Congreso el diputado de Vox Ignacio Hoces tras el anuncio de la regularización. No hay ningún estudio —o este diario no lo ha encontrado— ni experto que avale la existencia de un “efecto llamada” de las regularizaciones. “Es un mito”, resume Francesco Pasetti, investigador de Cidob. Al contrario. Un trabajo publicado en 2022 por la revista de estudios económicos de Oxford encontró percepciones erróneas sorprendentes sobre el número y las características de los inmigrantes en varios países europeos. “En todos ellos, los encuestados sobreestiman considerablemente el número total, creen que estos son cultural y religiosamente más distantes de ellos y económicamente más débiles —con menor nivel educativo, mayor desempleo y mayor dependencia de las transferencias gubernamentales— de lo que realmente son”. Pero como aclara Fajul, ese rechazo visceral también se produce tras la percepción de realidades sólidas, como el deterioro de la sanidad o la educación. “España está creciendo el doble de la UE. Necesita invertir en una sociedad que se está transformando. El problema de vivienda, por ejemplo, no es de los inmigrantes, sino de una sociedad que cada vez es más grande. No puedes querer mano de obra y luego esperar que esas personas no enfermen, no lleven sus hijos a la escuela. Si lo quieres, lo tienes que querer todo”, ilustra.
Incluso entendiendo que no se deberían someter a nadie a un “utilitarismo migratorio”, como define Joan Molinero, la realidad es que su tasa de actividad y empleo es significativamente más elevada que la de la población autóctona y no recurren a servicios públicos o prestaciones más que la población española. Y en cuanto a la natalidad, los expertos coinciden en que no por más inmigrantes va a mejorar de forma sustancial, porque los recién llegados terminarán asimilando su tasa con la población nativa. Aun así, habrá quien siga fabricando bulos al respecto.
Rosa Carmen Pulupa Muzo (Empresaria, 53 años, Ecuador)
“Tengo 12 empleados. Por suerte mis hijos no han necesitado becas para estudiar”
Rosa Pulupa está orgullosa de haber echado raíces en la España vaciada. Con 25 años se subió a un avión en su Quito natal dejando allá a su esposo y a su bebé de un año y medio. Llegó, como la mayoría, con una visa de turista que caducó y la instaló en el colectivo de personas sin papeles. “Antes no había la información que hay ahora. Mis primas me recibieron en Madrid y me entrenaron para ir a las entrevistas de trabajo. Me decían que todo lo que no se negociaba en la entrevista, luego no se podía exigir”, cuenta por teléfono desde San Esteban de Gormaz (Soria), un pueblo de casi 3.000 habitantes en el que lleva desde finales de 2000. “Buscas regularizarte para empezar a tener una vida más normal. Como la mayor parte de las mujeres migrantes, al principio accedí al trabajo doméstico”, relata.
Cuidó a ancianos, aprendió a cocinar comida española y vivió situaciones complicadas. Hubo quien intentó pagarle menos aprovechándose de que no tenía papeles, pero siempre encontró alternativas para no dejarse explotar. “La gente me decía: “a España solo se va a servir”. Sentía frustración, porque para venirme dejé en cuarto curso la carrera de informática, pero no quería nublarme. Me dije que iba a demostrar que eso no era cierto”.
Después de traerse a su familia terminó como programadora en una fábrica de muebles del pueblo en el que vive. “En Madrid la vida era muy cara, no podías permitirte un alquiler. En cambio cuando llegué aquí dije: este es mi pueblo. Aquí los salarios por convenio eran muy bajos, pero teníamos una estabilidad económica”.
En 2008, tras el estallido de la burbuja, ella y su marido se quedaron sin trabajo. Convalidó sus estudios y estudió un FP superior de vehículos autopropulsados gracias al que montó una empresa de limpieza, pero no una empresa cualquiera. “Pensé: voy a ser técnica industrial, conocer mecánica, electrónica, materiales. Todo ese conocimiento me lo llevé a mi terreno”. Era el año 2010. Su marido había emigrado a Londres y ella arrancaba un emprendimiento repartiendo tarjetas de visita en su Opel Corsa. “La crisis fue durísima, pero yo no quería volver a emigrar, no quería volver a separarme de los niños”.
Su empresa ya es una pyme con 12 personas contratadas, muchas de ellas recién llegados a España a los que ha intentado ayudar, y también españoles. Además, acaba de montar otra empresa de cosmética natural. Su hijo mayor, de 29 años, es enfermero en Madrid y la pequeña, de 25, veterinaria en León. “Para mí emigrar no ha sido solo venir a buscar trabajo, sino a construir una vida. Las oportunidades que me ha dado España las estoy devolviendo con mi empresa, con el empleo que he creado. Mis hijos no han tenido becas, no las han necesitado”.
Yassine Merroun, (Cocinero, 23 años, Marruecos)
“Me veo montando mi negocio aquí”
Yassine Merroun llegó a Algeciras con apenas 16 años subido a una patera. Llevaba intentándolo desde los 14, primero por la vía administrativa, luego con barco, incluso con moto de agua. “Fue una historia muy larga… mi hermano estaba aquí, mis padres venían a verle e intentaron sacarme un visado, pero me lo denegaron”. De modo que se subió a una zódiac con, recuerda, entre 30 y 40 personas. Con desgracia de que se quedaron a la deriva después de nueve horas de navegación y tuvieron que ser rescatados por los servicios de salvamento. Una vez en España y como Mena (acrónimo de Menor Extranjero No Acompañado) pasó por dos centros de menores, el último en la Casa de Campo de Madrid. En la capital española tenía familia, pero no sabía hablar castellano y se encontró perdido. “El primer año no pude comunicarme, la gente no me entendía, hasta que no aprendes español te cuesta integrarte. Para que te hagas una idea, mido 1,85, cuando salí de Marruecos pesaba 90 kilos, y en dos meses me quedé en 58”, dice en un castellano fluido.
Lo primero que hizo fue un curso de cocina que duraba seis meses y que terminó justo cuando estallaba la pandemia. Con 17 años empezó a hacer prácticas en Bulbiza, un grupo de restaurantes donde ahora ejerce de director de operaciones llevando a un equipo de 22 personas. Gestiona pedidos, reservas, compras… “el trabajo es exigente“, explica, pero le gusta la ciudad pese al ritmo frenético y al precio imposible de los alquileres. “Comparto piso con mi hermano, pagamos más de 800 euros. Es barato porque llevamos tres años en la misma casa”.
Durante este tiempo ha trabajado en otros restaurantes e intentó hacer un curso de educación social, pero no lo terminó. ¿Volvería a Marruecos? “Hace un año tenía esa idea, pero he perdido a todos mis amigos allí”, lamenta. En el futuro se ve montando su propio negocio en España. “Me veo aquí”.
Mario Restrepo (bailarín, 39 años, Colombia)
“He perdido cuatro años esperando unos papeles”
Una de las pocas alegrías que ha recibido últimamente Mario Restrepo es la resolución favorable a su solicitud de regularización dentro del proceso extraordinario impulsado por el Gobierno. Licenciado en danza y quiromasajista, llegó el 22 de junio de 2022 tras ser seleccionado para participar en el programa Got Talent. “Pensé: quizá luego pueda trabajar como artista en hoteles, eventos o centros comerciales”. Pero no pasó el filtro del programa —“a Risto Mejide no le gustó mi actuación”— y con los 500 euros que le quedaban decidió alquilarse una habitación en Madrid. “La decisión que tomé fue dura. Se me acabó el dinero y me tocó dormir cinco días en el parque de El Retiro y lavarme en los baños de las terminales”.
A través de un amigo con el que había vivido en Alemania terminó en Santiago de Compostela, donde trabajó como profesor de baile. Pero siempre chocaba contra el mismo muro: “Al no poder hacerme un contrato, a la gente le da miedo tenerme trabajando en negro”. Tuvo que buscar ayuda en la asociación Migrantes de Galicia (Amiga): “Me ayudaron, me regalaron ropa y aquí gracias a Dios hay un comedor social al que sigo acudiendo”. Durante los tres años en situación irregular ha ido tirando: dando masajes en un domicilio que le prestó un conocido de su familia en Colombia. “Siento que te brindan la mano. Pero no vine a pedir ayuda, vine a trabajar. España falla en esa parte, que se homologuen los títulos de la gente que queremos trabajar”.
Después de haber viajado y vivido en países como Emiratos Árabes o EE UU, Restrepo tiene claro que no recomienda a nadie que venga. “He estado en muchos países. Aquí prefieren darte una ayuda a darte un trabajo. He perdido cuatro años de mi vida que podría haber invertido en algo más que esperar unos papeles. La realidad es esa”. Cuando escucha discursos que hablan de la “prioridad nacional” se enfada. “Siento que todos somos turistas en el mismo mundo. Que estés dentro de un país no te da la garantía suficiente”. Quiere probar suerte en Canarias, donde quizá ahora lo puedan contratar como bailarín en programas de animación de los hoteles. “Pero todavía no me alcanza ni para el billete”.
Mamadou Diallo (Costurero, 39 años, Guinea-Conakry)
“España necesita a gente trabajadora”
La filósofa Donna Haraway cree que los inmigrantes soportan el peso de todos los desastres. Quizá muchos ya los haya vivido Mamadou Diallo, que recuerda el día en que llegó a España subido en una patera junto a 70 personas. El 28 de abril de 2024 este trabajador textil de profesión desembarcó de uno de los cuatro cayucos que ese día arribaron a la costa canaria tras una travesía de la que todavía le cuesta hablar. “Los primeros días de viaje me encontraba bien, pero al tercero no me podía mover, estaba muy cansado. Comenzó a entrar agua, pensaba que iba a morir. Cuando llegamos no podía creerlo.
No hubiese podido salir ni andando si no me hubiese ayudado la gente de la Cruz Roja” explica al otro lado del teléfono. Vive en Xermade, Lugo, un lugar igual de frondoso que su país, Guinea-Conakry, “pero mucho más frío”. Trabaja cerca, en Vilalba, en una fábrica de ropa industrial, Xorsa, en la que dice haber encontrado muy buenos compañeros. Su migración tiene raíces políticas. Primero sufrió represalias por protestar contra el gobierno de Alpha Condé y, tras el golpe de Estado de los militares en 2021 sufrió palizas por parte de los “boinas rojas”, una unidad de élite del Ejército. “Te golpean, te dejan marcas”.
Lo que más le duele es que su mujer y sus cinco hijos se quedaron en Guinea. “Sueño con tener papeles para sacar la familia de allí lo antes posible”, explica. Piensa que la regularización es necesaria. “España también necesita la gente trabajadora, es muy bueno. Cuando tienes papeles puedes trabajar para pagar el alquiler, la luz, el agua… no te pueden explotar. Es una buena medida económica”.
Kenlly Dahianna Giraldi (abogada, 31 años, Colombia)
“Me pagaban 150 euros al mes como niñera”
“Mi historia no es la de una persona que salió corriendo de su país. Estudié derecho en Colombia, ejercí como abogada independiente y en un momento de mi vida, a los 29, emigré para hacer en la Universidade de Santiago el máster de igualdad, género y educación”. Kenlly Dahianna Giraldi, de 31 años y nacida en Bogotá, pensó que la formación le abriría las puertas a un futuro mejor remunerado. Pero el camino estaba empedrado de peajes. Se tuvo que endeudar para pagarse el máster, el visado (que exige un mínimo de 7.000 euros en la cuenta) y un seguro médico que, como descubriría después, apenas le sirvió para nada. Aterrizó en noviembre de 2023 con permiso de estudios y con la esperanza de encontrar empleo: “A lo que yo podía aspirar es a hostelería, que aquí abre a partir de las cinco de la tarde, cuando yo tengo clase. Además necesitas formación, que no tengo. También me di cuenta de que, al tener permiso, no me cogían porque no era fácilmente explotable”. Fue tirando gracias a una tienda que la contrató los fines de semana. Le daba para cubrir el alquiler (apaga 350 euros más los gastos) y poco más. “No aspiraba a trabajar de abogada porque no tengo el título homologado, pero no pensé que iba a ser tan difícil trabajar en hostelería”.
Para el verano de 2024 se le acababa el contrato de su habitación, que salió en Airbnb por 500 euros. “No tenía trabajo, estaba ganando 300 euros… Resolví irme de Au Pair con una familia a Valencia. Me pagaban 150 al mes. El contrato lo permite, porque te dan casa y comida. Estuvo bien, eran tres niños mellizos de tres años y un bebé de un año. Afortunadamente se me dan bien los niños, pero hacía las cuentas y pagaban tres euros la hora por tres niños. Era una casa increíble, pero cuando me ponía a pensar… lo hice porque no tenía otra opción”.
Entregado el TFM y terminado el máster, en 2025 volvió a Compostela decidida a ganar lo suficiente como para devolver toda la deuda. Consiguió un trabajo en hostelería, pero como abogada sabía que sus empleadores no cumplían con el pago de nocturnidades, o al ponerle turnos de abrir y cerrar. “Hacían cosas que no podían hacer, pero como dicen en mi tierra, la necesidad tiene cara de perro”. Para evitar agotar su visa de estudiante se sacó el C1 de gallego y luego optó por regularizar su situación con el proceso extraordinario. Hace dos semanas que tiene permiso. Trabaja en una cadena de restauración. “Para venir me endeudé en 10.000 euros de visado más los intereses, que son 20.000 euros, no quiero llegar a Colombia con la cuenta en negativo”. Consciente de que su situación no es la de quien viaja por necesidad, se siente muy precarizada, en un momento emocional y físico que le empieza a afectar por cosas tan sencillas como ir al dentista, que se ponen difíciles. “Nunca estuve enamorada de Europa, soy muy reflexiva en eso, hay gente que sí. Esto no es todo perfecto. Hace 25 años, a principios de 2000, te montabas en el euro y el coste de la vida no era tan alto, y en el imaginario se quedó ese mito”. Añade que, profesionalmente no siente que haya un espacio para las personas más cualificadas, “Es una opinión muy personal e impopular”. Se intentará abrir camino para trabajar en temas de interculturalidad, diversidad o género. “No tengo un conflicto con el trabajo, no me molesta trabajar en cualquier cosa porque no me hace mejor o menor persona, pero sí necesito trabajar, sí me hace sentir útil. Pido llegar a unos mínimos en los que me sienta tratada como una persona, no simplemente como mano de obra barata”. Recuerda que la emigración no es algo nuevo, que muchos gallegos emigraron a Suiza o a Venezuela. “Trabajo yo, con 29, trabaja la señora con 50… trabajamos todos, no estamos en casa esperando. Necesito sacarme el banco de encima”.
Los ciclos de inmigración en los últimos 20 años han tenido un impacto positivo en la expansión del PIB, según cifra un informe de 2025 del Consejo Económico y Social. Recogiendo datos del BCE, sobre los migrantes descansa el 80% del incremento del PIB entre 2019 y 2024 debido al aumento de la población en edad de trabajar y a la tasa de empleo de los extranjeros. También está teniendo un impacto positivo en la sostenibilidad del sistema de pensiones y a pesar de que, en términos generales, cuentan con menores bases de cotización.
