Durante la última década, el marco prudencial de la UE ha logrado aquello para lo que estaba diseñado: garantizar la estabilidad financiera. En un continente marcado entonces por una crisis de deuda soberana y rescates bancarios, ese logro merece reconocimiento. Los bancos europeos están ahora mejor capitalizados, son más líquidos y más resilientes que en cualquier otro momento de la memoria reciente.
Sin embargo, el éxito ha engendrado un nuevo riesgo: que al salvaguardar la estabilidad, Europa haya comenzado a asfixiar el dinamismo económico.
La supervisión bancaria ha venido acumulando capas de imprevisibilidad, costes de cumplimiento y demandas superpuestas. Los calendarios de supervisión disfuncionales, la proliferación de plantillas de reporte, las inspecciones in situ cada vez más intrusivas y el papel expansivo de las “expectativas supervisoras” han creado un régimen cuya carga acumulada rara vez se evalúa. Cada requisito individual puede parecer justificable. En su conjunto, sin embargo, corren el riesgo de desviar capital, atención directiva y apetito por el riesgo lejos de la inversión productiva.
La cuestión no es si Europa quiere bancos seguros o economías vibrantes. Es si los responsables políticos están dispuestos a afrontar una verdad incómoda: un sistema financiero impecablemente estable, pero reacio a financiar el futuro, acaba socavando la prosperidad que busca proteger. La estabilidad sin crecimiento es una promesa vacía.
Esta preocupación se está expresando ahora al más alto nivel político. Como parte de su recientemente aprobada hoja de ruta Una Europa, un mercado, las instituciones europeas han acordado avanzar durante los próximos meses en el impulso a la competitividad del sector bancario. A un informe de diagnóstico en 2026, le seguirá la presentación y tramitación de una propuesta legislativa durante 2027.
Esta creciente atención al papel que un sector bancario competitivo debe jugar en la financiación de las inversiones estratégicas que necesita Europa responde en buena medida al compromiso de los Estados miembros. Así, en una carta conjunta a la Comisión Europea, los gobiernos de Alemania y Francia pedían recientemente una revisión profunda de todo el marco regulatorio de la UE. Asimismo, instaron a que se otorguen menos mandatos para actos delegados, una aplicación más estricta de la proporcionalidad, la racionalización de los informes para que una misma transacción no se reporte múltiples veces bajo diferentes regímenes, una reevaluación del Punto de Acceso Único Europeo y la eliminación de poderes de Nivel 2 no utilizados o innecesarios. Fundamentalmente, argumentaban que la competitividad debería integrarse explícitamente en los mandatos de las autoridades supervisoras europeas.
Cuando las dos mayores economías de Europa se preguntan si la regulación se ha vuelto innecesariamente compleja y gravosa, el asunto deja de ser una queja sectorial. Es una cuestión estratégica sobre el modelo económico de la Unión. Hoy, Europa corre el riesgo de caer en una forma de complacencia institucional: orgullosa de su prudencia, pero dubitativa a la hora de movilizar sus recursos financieros a la escala necesaria para las transiciones verde y digital, la defensa, la reindustrialización y la innovación tecnológica. La intensidad supervisora, ladrillo a ladrillo, ha congelado los balances. Ante una complejidad y una incertidumbre regulatoria cada vez mayores, los bancos gravitan racionalmente hacia los activos más seguros y los horizontes más cortos.
Si la UE quiere mercados de capitales más profundos y más inversión privada, debe mirar más allá de los documentos estratégicos y las declaraciones de alto nivel. Debe preguntarse si su modelo de supervisión está alineado con sus ambiciones económicas.
La comparación con las jurisdicciones anglosajonas es cada vez más dura. En EE UU y el Reino Unido, las autoridades han sido explícitas al examinar cómo la regulación y la supervisión afectan a la competitividad y la formación de capital. La supervisión se centra más claramente en los resultados —solvencia, resiliencia, capacidad de absorción de pérdidas— y menos en la microgestión de los modelos de negocio. Europa, por el contrario, cae con demasiada frecuencia en el incrementalismo: otra capa de directrices, otro requisito de información, otra precaución…
El resultado no es positivo. Las empresas europeas buscan financiación profunda, suficiente y ágil en el extranjero. Los campeones tecnológicos cruzan el Atlántico. La autonomía estratégica en finanzas se erosiona, no principalmente por presiones externas, sino porque el propio marco europeo lucha por adaptarse a gran velocidad. Es difícil aspirar al liderazgo global con reglas que son más complejas y una toma de decisiones marcadamente más lenta.
Lo que se necesita no es un ajuste estético, sino una recalibración estructural. Preservar la estabilidad financiera debe seguir siendo el objetivo principal de la supervisión. Pero ya no debería ser el único.
Otorgar a los supervisores un objetivo secundario estatutario y claro para apoyar la competitividad y el crecimiento —explícitamente subordinado a la estabilidad— sería un paso decisivo. Tal mandato no legitimaría la laxitud; exigiría a los supervisores evaluar, sistemáticamente, cómo afectan sus decisiones a la concesión de crédito, la inversión y el dinamismo económico.
La credibilidad, sin embargo, dependería de una mayor rendición de cuentas. Las autoridades supervisoras deberían publicar evaluaciones periódicas del impacto acumulado de sus medidas sobre la financiación de la economía real. Las audiencias parlamentarias deberían escrutar no solo las métricas de resiliencia, sino también los análisis de coste-beneficio. El objetivo no es politizar la supervisión, sino reconocer que la neutralidad es ilusoria: cada elección regulatoria inclina la balanza entre minimizar el riesgo y posibilitar la innovación y el empleo.
Por encima de todo, Europa necesita una simplificación genuina. El edificio regulatorio posterior a la crisis ha crecido de forma tan intrincada que incluso los especialistas tienen dificultades para navegar por él. Las reglas diseñadas para las crisis del ayer conviven con dificultad junto a riesgos emergentes como las amenazas cibernéticas sistémicas, la asignación de crédito impulsada por la IA, la concentración de datos en plataformas digitales y la fragmentación geoeconómica. Una supervisión con visión de futuro debería depender más de datos de alta calidad, análisis más precisos y un diálogo continuo, y menos de la proliferación de checklists.
En última instancia, el debate que Europa debe tener no es cómo eliminar todos los riesgos. Eso no es ni factible ni deseable. La verdadera pregunta es qué riesgos está dispuesta a aceptar Europa para asegurar el crecimiento, la innovación y un lugar significativo en una economía global cada vez más competitiva. Los mercados desempeñarán su papel. Pero la respuesta estará moldeada, por encima de todo, por cómo Europa elija regular y supervisar a sus bancos, y por su confianza en permitir que la estabilidad sirva al crecimiento, en lugar de limitarlo.
