El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, enfrenta un nuevo embrollo judicial este lunes tras conocerse la segunda acusación penal que han presentado contra él y seis colaboradores suyos la Fiscalía General de la República, en esta ocasión por supuestos esquemas ilegales de financiamiento en la campaña electoral que lo llevó al poder en 2022.
Según la acusación, Chaves, su ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André, y el vicepresidente Stephan Brunner, participaron de estructuras ajenas a los controles del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Así está escrito en la pieza acusatoria entregada por la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia, que tiene en sus manos la decisión de llamar a juicio y pedir a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero del mandatario Chaves, cuyo mandato acaba en mayo de 2026 y no puede optar por la reelección.
En la causación figuran también cuatro diputaciones del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) utilizado por Chaves para su candidatura presidencial. Entre ellas está Pilar Cisneros, jefa de la bancada oficialista y principal vocera del mandatario en asuntos electorales, quien calificó la acusación como un nuevo intento del fiscal general, Carlo Díaz, de afectar los intereses del movimiento ‘chavista’ en las elecciones de febrero 2026, donde el partido oficialista busca revalidar su poder.
Ante el silencio de la Presidencia de la República en la jornada del lunes, la reacción de Cisneros apunta a mantener la confrontación del oficialismo con el Poder Judicial, en línea con constantes críticas de Chaves contra fiscales, jueces, magistrados e investigadores judiciales, y con la manifestación que él lideró en marzo con seguidores suyos para exigir la renuncia de Carlo Díaz.
En ese momento, Díaz calificó la marcha como un intento de frenar su trabajo en las pesquisas por decenas de expedientes en que Chaves aparece como imputado, aunque, hasta ahora, sólo dos han llegado a configurarse como acusación. La primera fue en abril, relacionada con un supuesto uso corrupto de fondos aportados del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) durante el primer año de la administración. Transcurridos más de dos meses desde entonces, los magistrados de la Corte Suprema no han tomado la decisión de pedir a la Asamblea Legislativa el retiro de la inmunidad de Chaves, una posibilidad plausible ante la amplia mayoría de bancadas opositoras.
Desde este lunes, son dos las acusaciones que pesan sobre el presidente, quien mantiene una reserva de popularidad cercana al 50% de la población, según encuestas recientes de la Universidad de Costa Rica (UCR), mientras busca la manera de prolongar la “revolución pacífica” que él asegura haber impulsado al enfrentarse a los poderes institucionales “tomados por las élites de siempre”, como ha repetido desde que era candidato presidencial.
Un “esquema oscuro” de financiamiento
En esa campaña, Chaves fue parte de dos estructuras paralelas que conformaron un “esquema oscuro” de financiamiento, según señaló el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en un informe de 2022 que fue utilizado por la Fiscalía para la investigación en sede judicial; se calcula que por esos cauces se movieron unos $500.000 al tipo de cambio actual, según informaron numerosos reportes de la prensa local sobre el caso.
“Existen suficientes elementos de convicción para sostener, en el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, que los imputados son autores de los delitos contemplados”, dice la Fiscalía en referencia a tres artículos del Código Electoral, entre los cuales se establece una pena máxima de seis años de cárcel.
El Código Electoral ordena que toda contribución privada a partidos políticos, candidaturas o precandidaturas debe ser realizada por personas físicas nacionales, plenamente identificadas, y canalizadas únicamente a través de los mecanismos oficiales del partido político, recordó la Fiscalía.
La diputada Cisneros, una conocida expresentadora y exdirectora de la televisora Teletica, restó validez a la acusación y la atribuyó a la supuesta “desesperación” del fiscal Díaz por afectar al movimiento chavista. Señaló como descargos que en aquellos manejos financieros no había dinero público y que el fideicomiso cuestionado se cerró un día antes de la presentación de Chaves como candidato presidencial. “Ninguno tiene miedo ni nada que ocultar”, dijo en un video distribuido a la prensa. La Presidencia, por su parte, contestó a consultas periodísticas que el tema atañe al ámbito personal de Chaves y no se trata de un asunto de Gobierno.
