La victoria de Rumania en un tribunal de arbitraje internacional sobre un megaproyecto urbano de 600 millones de euros ha reavivado el mayor escándalo inmobiliario del país. El mastodóntico edificio conocido como Casa Radio, que empezó a construirse en los estertores del régimen comunista en un núcleo neurálgico de Bucarest para dar rienda suelta al sueño faraónico del dictador Nicolae Ceausescu y que acabó abandonado más de tres décadas, se ha convertido en un símbolo de bloqueos administrativos, inversiones perdidas y batallas legales entre el Estado y los inversores.
El proyecto megalómano del caudillo echó a andar en un momento en el que el sátrapa inició una profunda remodelación arquitectónica. Se arrasaron más de 10.000 viviendas y decenas de iglesias, un destrozo que se conoce como Ceaușima. El inmueble comenzó a erigirse en 1986, con el propósito de albergar el Museo Nacional de Historia. Ideado como una expresión de la grandeza del régimen, se pretendía situarlo a la altura del actual Parlamento, bautizado como la Casa del Pueblo y, actualmente, el segundo edificio público más grande del mundo después del Pentágono. Llegó a ser inaugurado parcialmente en agosto de 1989, cuatro meses antes del colapso del régimen. Sin embargo, después de la Revolución, las obras se paralizaron y entró en un largo periodo de incertidumbre. En ese momento, el Ministerio de Cultura cedió el espacio a la Radiotelevisión rumana, con la intención de que se transformara en la nueva sede de la radio pública. De ahí, su nombre.
Pero, la profunda crisis que vivió el país en los noventa mientras se ajustaba a las reglas del capitalismo dejó en papel mojado las inversiones anunciadas y el edificio completamente desahuciado inició un lento proceso de degradación hasta que el Estado captó un inversor en 2004 para relanzarlo. El Gobierno de aquel entonces arrendó el espacio a una asociación público-privada por 49 años. Así, el inversor Plaza Centers asumió el control. El plan consistía en convertir el lugar en un moderno complejo comercial de más de medio millón de metros cuadrados, torres de oficinas de más de 140 metros, hotel y áreas de entretenimiento. Al principio, su coste rondaba los 150 millones; luego, superó los 600 millones. “Empujado por el deseo de crear una verdadero emblema se ha decidido que sea el mayor proyecto de Rumania”, declararon sus inversores.
El Ayuntamiento de Bucarest emitió en 2008 una opinión favorable para su ejecución, pero el Colegio de Arquitectos y las asociaciones en defensa del patrimonio arquitectónico criticaron el proyecto por su tamaño excesivo y la ausencia de espacios verdes. Incluso, la organización Salvar Bucarest, coordinada en ese momento por Nicusor Dan —actual presidente de Rumania—, lo elevó a un tema importante de debate público y amenazó con acciones judiciales. Pero, a pesar de estas tensiones, el consistorio aprobó un año después su construcción.
Inversión bloqueada
En cambio, la crisis financiera que golpeó especialmente al sector inmobiliario frenó el proyecto en seco. Aunque se habían realizado trabajos previos, la construcción se truncó. La inversión inicial de 85 millones quedó bloqueada en una obra abandonada y aparecieron consecuencias administrativas: autorizaciones caducadas y cambios legislativos. En paralelo, Plaza Centers afrontaba sus propios problemas financieros, lo que dejó de interesarse por el proyecto durante un tiempo. Luego, el promotor trató de recalibrar la inversión.
Después de años de estancamiento, en 2022, Plaza Centers presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial para pedir una compensación de 385 millones al Estado, pero el tribunal rechazó en abril la solicitud, una decisión celebrada por Bucarest. “Rumania corría el riesgo de perder cientos de millones de euros debido a un viejo acuerdo contractual. Es un resultado importante que significa proteger el dinero público”, señaló el ministro de Hacienda, Alexandru Nazare. Pero, la disputa continúa: Bucarest ha abierto un nuevo juicio en Londres para exigir 2.000 millones por daños y perjuicios.
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