Sumar ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que deje de juzgarse a los guardias civiles con el código penal militar en tiempos de paz. Esta iniciativa, que no tiene fuerza vinculante y busca que el Gobierno la acometa, se ha planteado a petición de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que tiene este asunto entre sus principales caballos de batalla. “Es una irregularidad que vivimos los guardias civiles desde hace décadas”, ha valorado la portavoz de AUGC, Olaya Salardón, que ha reclamado un “consenso político” para que de una vez por todas se cambie la ley orgánica 14/2015 del Código Penal Militar y que los guardias civiles no estén sujetos a él, especialmente en las situaciones que no tienen nada que ver con su servicio.
Enrique Santiago, portavoz de este grupo parlamentario, y la secretaria de comunicación de AUCG se han reunido durante 45 minutos este viernes en el Congreso. Después, han comparecido ante los medios para explicar la conveniencia de que se considere su reclamación. Según han contado, conduce a situaciones como la que se vivirá el próximo 4 de noviembre en Tenerife, cuando un guardia civil se enfrentará a seis meses de prisión por hacer un viaje familiar para visitar a su madre mientras estaba de baja. “Ojalá que se retire la acusación porque es algo completamente desproporcionado”, ha confiado Santiago.
La proposición no de ley se registró el 24 de septiembre para que fuera debatida y aprobada en la Comisión de Interior. “No tiene mucho sentido que, además de un régimen disciplinario administrativo, se les aplique el Código Penal Militar”, ha recalcado Santiago. El diputado ha recordado que durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya hubo una modificación legal para eliminar la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil salvo en caso de estar integrados en contingentes militares, básicamente en misiones en el extranjero o en tiempos de guerra, pero que esa situación se revirtió en 2015, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (PP).
“Cualquier problema en relaciones se soluciona amistosamente o mediante métodos administrativos, pero aquí [en la Guardia Civil] puede significar incluso encarcelamiento”, ha abundado Santiago. El portavoz de Sumar ha incidido en que “lo más sensato” sería “volver a lo que hubo en vigor durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero”.
Sobre las posibilidades de que la iniciativa tenga éxito, se ha declarado “optimista”. “Hemos estado hablando con el Partido Socialista, que creemos que avanza positivamente”, ha asegurado. El portavoz de Sumar ha confiado en que la petición se abra paso en la Comisión de Interior, donde tiene la impresión de que se ve con mayor normalidad, ya que no hubo “ningún problema de indisciplina en el cuerpo” durante el tiempo en el que no se les aplicó el Código Penal Militar. Con todo, Santiago ha situado como “principal problema” y en el que están trabajando, la forma en la que sea recibida esta reclamación en la Comisión de Defensa del Congreso, que también afecta a la Guardia Civil, precisamente por su condición de cuerpo militar. “Para mí ese es el principal problema, pero estamos trabajando para que esto se solucione (…) Soy optimista porque además esto también es un síntoma de democratización, de profundización de la democracia”, ha añadido.
Mariano Casado, asesor jurídico de AUGC y vinculado desde hace 23 años con la asociación de guardias civiles explica que el cambio legal que se hizo durante el Gobierno de Zapatero, en 2007, pretendía que “no se les aplicara el Código Penal Militar a los guardias civiles en el ejercicio de sus funciones policiales”, pero que la redacción de un precepto incluido en esa reforma, que impulsó una modificación de la Ley de régimen disciplinario de la Guardia Civil y el cambio de un artículo del Código Penal Militar de 1995, fue “manifiestamente mejorable”.
El abogado de AUGC recuerda que la Sala V del Tribunal Supremo dictó muchas “sentencias controvertidas”. “Una mayoría de la sala que era conservadora entendió que había que seguir aplicando el Código Penal Militar a los guardias civiles, incluso en situaciones de servicios de carácter estrictamente policial, porque había valores, principios o bienes jurídicos eminentemente castrenses”, relata. Se produjeron muchos votos particulares, pero esto hizo que, en la práctica, no terminara de aplicarse la reforma impulsada por Rodríguez Zapatero, explica el letrado.
En 2015, con la mayoría parlamentaria de un gobierno del PP, el nuevo Código Penal Militar “se hizo eco de toda esa jurisprudencia” de tal manera que propiciaba que los tribunales volvieran a aplicar otra vez el Código Penal Militar a los guardias civiles en dos situaciones, cuando hacen funciones policiales, que suelen ser la inmensa mayoría de las veces, y cuando están fuera de servicio, ya que se entendía que hay valores que trascienden el servicio que son siempre aplicables en el ámbito militar.
La iniciativa presentada por Sumar busca dejar claro que solo se puede aplicar el Código Penal Militar a los guardias civiles en los casos que se recogen en el apartado 4 del artículo 1 del Código Penal Militar, es decir, en tiempo de conflicto armado, durante la vigencia del estado de sitio, en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que se les encomienden o mientras se encuentren integrados en Unidades de las Fuerzas Armadas. “Se entiende que todo lo demás, todos los otros bienes jurídicos, están perfectamente protegidos en el ámbito disciplinario, ya tiene suficiente dureza”, considera Casado. “Cuando el guardia civil no está activado, no está de servicio, no se le puede aplicar el Código Penal Militar porque es un ciudadano más que ha dejado el uniforme colgado en su casa o en la taquilla de la unidad”.
